Una de las labores que realizamos las trabajadoras sociales en los hospitales de agudos es intentar facilitar el mejor lugar terapéutico del paciente al alta hospitalaria.
En la mayoría de las ocasiones se trata de volver al propio domicilio del paciente pero con mayores apoyos -un servicio de ayuda a domicilio o mayor supervisión familiar-, en otras ocasiones se traslada unos días o semanas al domicilio de un familiar donde pasa la convalecencia o a un hospital de crónicos si requiere de rehabilitación, pero otras, se traslada a un centro residencial, habitualmente una residencia de personas mayores.
Una plaza en residencia de personas mayores cuesta de promedio en la provincia de Valencia unos 1700 €/mes. Muy pocas personas pueden asumir este coste con sus pensiones, por lo que en la mayoría de los casos se tiene que optar por solicitar una ayuda económica a la Generalitat para costear la plaza en residencia, y esto se hace a través del reconocimiento de la situación de dependencia.
Una de las presiones que sufrimos en nuestro trabajo, las trabajadoras sociales sanitarias, es cuando se ha decidido que la persona debe trasladarse a una residencia, se encuentra en situación de alta clínica pero no se traslada de forma inmediata porque no puede pagarla; pero tampoco se le puede dar de alta del hospital por no disponer de cuidador y/o familia y no ser autónomo, dado que el alta hospitalaria pondría en grave riesgo su salud y su vida.
Esta situación puede prolongar el ingreso hospitalario por el mal llamado "problema social" que en verdad es el espacio sociosanitario, donde confluyen dificultades sanitarias y sociales y que en nuestra comunidad sigue sin tener un espacio propio ni recursos propios, tan necesarios y demandados por nuestro colectivo profesional.
El paciente no puede costear la plaza en residencia y depende de la aprobación de la prestación vinculada por lo que dedicaremos nuestro esfuerzo a acelerar el procedimiento de dependencia si ya está solicitado o incluso lo iniciamos durante la hospitalización promoviendo el procedimiento de urgencia sociosanitaria.
Una rápida resolución requiere de la coordinación entre la administración sanitaria (hospital+centro de salud), la administración local (gestión de dependencia), la administración social (Conselleria de Igualdad) y la sociosanitaria (residencias), por lo que nunca es todo lo rápido que nos gustaría, pero esta situación se complica y mucho en época de pandemia, y estamos en la tercera ola.
Con una incidencia acumulada de más de mil casos de Covid por cada 100.000 habitantes, en la provincia de Valencia, las camas hospitalarias son más valoradas y más necesarias que nunca y la presión por liberar camas crece estrepitosamente. Como le escribía esta mañana a una técnico de la Conselleria intentando conseguir una plaza de residencia "cada cama es una vida que salvamos" y así es el frágil hilo que une lo social y lo sanitario.
Pero encontramos que a mayor presión sanitaria paralelamente hay también mayores consecuencias sociales:
- Menor capacidad de cuidados en el entorno familiar a personas que se encuentran en situación clínica de alta por encontrarse también ingresados o enfermos estos familiares, y es que el Covid se ceba en las unidades de convivencia.
- Mayor demanda de plazas residenciales por las secuelas del Covid, especialmente en personas mayores, que eran previamente autónomas y por lo tanto no tienen iniciados ningún trámite de dependencia, lo que alarga el proceso de resolución.
- Mayor dificultad para producir ingresos en residencias, porque el virus tiene brotes también en muchas de ellas y si hay casos se inicia el protocolo de aislamiento y no se admiten nuevos ingresos.
Por lo que aumenta la demanda de atención sociosanitaria pero disminuye la oferta, lo que nos sitúa al borde del precipicio y por lo que se han puesto en marcha otros recursos como los hospitales de campaña y el centro habilitado Ernest Lluch en Valencia, igual que se pusieron en la primera ola, los hoteles medicalizados.
Y es que, para la resolución de las situaciones generadas en el espacio sociosanitario no hacen falta ni hospitales de agudos ni residencias sino recursos intermedios, centros sociosanitarios de convalecencia, de baja complejidad clínica, que ofrezcan a la ciudadanía espacios temporales de recuperación de la salud que liberen las camas de agudos y en estos momentos de una tercera ola más virulenta que ninguna anterior, un espacio donde proteger a la población y facilitar la contención del virus Covid-19.
Pero observo que, de momento, no hay trabajadoras sociales sanitarias contratadas para estos recursos, y por tanto echo en falta una gestión social proactiva e inmediata desde el primer día de ingreso, y lo que no entiendo es la exclusión en la derivación cuando se trata de pacientes que cumplen requisitos de derivación a residencia. Una buena gestión de los recursos sociosanitarios de aislamiento y convalecencia requiere de una intervención y tratamiento sanitario y social individualizado que facilite el flujo de pacientes porque cada cama es una vida que salvamos.
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